A QUIEN CORRESPONDA

EL JUZGADO DE COIN

Una espléndida y vistosa fuente de mármol azul con ocho caños, rematada en lo alto con cuatro leones de mármol blanco regalo -junto con otra que existe hoy en la Alameda- del obispo don José Eulate de Santa Cruz a este pueblo en la primera mitad del siglo XVIII, estuvo colocada primeramente en la llamada Plaza Baja y por última vez en mitad de la Plaza de San Agustín. Era esa fuente la primera visión bella y refrescante bienvenida que encontraba el forastero al visitarnos. Allí estuvo aquella fuente hasta años después de la guerra civil, cuando se desmontó y desapareció para siempre.

Desde esa plaza partían, entonces, dos calles de las más principales del casco antiguo: la calle Vicario, a la izquierda y la calle Caridad, a la derecha. La calle Caridad (hoy también Doctor Palomo Anaya) debía su nombre al Hospital de la Caridad, ubicado en ella. Hospital que hicieron construir las piadosas intenciones de los Reyes Católicos para curación de los enfermos: "en otra parte del pueblo entre sus callejuelas, forma un arco de ladrillos que da vista a una plazuela barrancosa que llaman de San Andrés, por ser este Santo Apóstol el de la iglesia y Hospital de la Santa Caridad que allí existe".

En 1492, los católicos reyes lo dotaron de las rentas correspondientes para su mantenimiento, como así consta en los libros del repartimiento y nos cuenta el canónigo don Antonio Agustín Ximénez de Guzmán, en su manuscrito de 1796, sobre la historia de Coín. Es este edificio, como vemos uno de los más antiguos y representativos que aun existen, más o menos bien conservados, de nuestro patrimonio monumental.

Frente a este hospital estuvo situado, ya en tiempos más recientes -toda la primera mitad de este siglo al menos- el Juzgado de Instrucción y Comarcal de Coín, en un inmueble cuya bonita fachada aún existe. Allí vivía también don Ramón Hidalgo, respetado y recordado agente judicial. Era esa calle, y la plaza, como hoy, una de las más vivas y transitadas de la vida diaria de nuestra ciudad.

La expansión de Coín, ya en la década de los cuarenta, tiende a construir espacios cercanos a aquella fuente y su plaza. Por la zona del todavía hoy Mercado de Mayoristas se comenzaron a construir casas de promoción pública a las que accedieron para vivir con sus familias muchos coineños, que las pagaron con grandes esfuerzos, largo tiempo y ciertas facilidades del Ayuntamiento. Las casas de la calle Urbano Pineda, Pozo Solis y Pedro González Domínguez, que se llamaron de las Viviendas Protegidas o Casas Baratas, son de éstas que decimos.

A pesar de aquellas facilidades, el excesivo costo para la época dejaron sin compradores, ya que nadie las solicitaba, veinte de las viviendas construidas de dos plantas. En la Memoria del Ayuntamiento de Coín que preparó, en 1949, el alcalde don José Chicano de la Barcena sobre los últimos años de gestión, dice que este Municipio adquirió estas veinte casas por un valor de 640.000 pesetas. Estas fueron destinadas a dependencias oficiales, maestros y Guardia Civil, salvando de esta manera el escollo de su imposibilidad para adjudicarlas.

Esa misma Memoria municipal cuenta que entonces se encontraba "el antiguo edificio donde, desde hace muchísimos años, estaban instalados los Juzgados de Instrucción y Comarcal, en condiciones ruinosas". La corporación dispuso, a la vista de la falta de espacio y del lamentable estado del local del juzgado, su traslado a dos de aquellas viviendas del grupo de las protegidas, gastando lo que hizo falta en su acondicionamiento e instalación. Esta necesaria medida, dadas las condiciones de ruina en que se encontraba la sede de los juzgados, se hizo de común acuerdo con el señor juez de Instrucción y Primera Instancia, en aquellos momentos don Alfonso Baena Fernández, padre de nuestro querido amigo y paisano, famoso e insigne abogado penalista, don Francisco María Baena Bocanegra.

Allí se instalaron las dependencias judiciales hace ahora justamente cincuenta años. El local reunía, para aquella época, las condiciones mínimas necesarias para desarrollar su importante labor, más espacio, instalaciones más modernas y sobre todo, un lugar digno y representativo del nuevo Coín, al que acudían, y siguen acudiendo, por una causa o por otra, todos los coineños y vecinos de los pueblos de su demarcación judicial, para variados asuntos.

Desde que don Alfonso Baena Fernández estrenara aquel Juzgado de Coín, hace ya cincuenta años, éste ha permanecido en el mismo enclave y lugar. Por allí pasaron, dejando huella de trabajo ejemplar, secretarios judiciales como el eficiente don Antonio Manuel de la Oliva Vázquez, funcionarios como don Antonio Hidalgo Rodríguez, don José Urbaneja Santos, don José Minñana García, doña Carmen Fernández de la Rubia, doña Antonia González o don Manuel Aranda entre otros muchos, imposibles, todos, de recordar aquí. Pero los asuntos que entonces se tramitaban y el trabajo que sus servicios generaban no eran ni mucho menos comparables a los que el Juzgado desarrolla en la actualidad; sin embargo, el lugar sigue siendo el mismo y el espacio, a todas luces, insuficiente.

El Juzgado de Coín ha sido desde siempre la institución más representativa y palpable del reconocimiento administrativo de que somos Cabecera de Partido. Todavía hoy seguimos siéndolo, a pesar de que los responsables del gobierno municipal lo tengan olvidado casi por completo. Coín, el Juzgado de Coín, como Cabeza de Partido Judicial, tiene además bajo su jurisdicción los pueblos cercanos de Monda, Guaro, Tolox y Alhaurín el Grande.

En cierta medida, la importancia de Coín dentro de la organización administrativa de la provincia de Málaga y, concretamente, de la judicial o jurisdiccional, se la confiere el hecho de que exista aquí el juzgado. Coín es cabecera del Partido Judicial porque tenemos el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción. Y no olvidemos que disponer en Coín de estas dependencias judiciales y de que su juzgado tenga las competencias de Primera Instancia en lo civil e Instrucción en lo penal es casi un lujo necesario que otras ciudades no tienen, a pesar, incluso, de mostrar más interés que nosotros en innumerables ocasiones a través de sus representantes políticos.

Ya tuvimos ocasión, en las décadas de los años 60, 70 y 80, de darnos cuenta del desamparo que significaba para esta ciudad el hecho de que no existiera aquí el juzgado con estas competencias, y todos celebramos jubilosamente su creación, en 1989 por la Ley de Plantas y Demarcación Judicial. Parecía, y algunos llegaron a decir estas palabras, que con la devolución a nuestro pueblo del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción que se llevaron hacía mas de 20 años, Coín despertaba de una larga pesadilla. Todos nos congratulamos y nos sentimos orgullosos de que Coín, como tenía que ser, tuviera, como siempre lo había tenido, un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción, prueba incuestionable, como decía, de que aún seguimos siendo Cabecera del Partido Judicial.

La Ley de Plantas de 1989 nos devolvió entonces el juzgado. Ya no teníamos que ir a Málaga para declarar como simple testigo en un pleito, tramitar un expediente de dominio o instar una declaración de herederos para arreglar los papeles sobre aquella huerta que el padre había partido para sus hijos. Ya no teníamos que ir a Málaga para cualquier reclamación mayor de 50.000 pesetas. Ya podíamos acudir al juzgado aquí mismo; no tendríamos que desplazarnos a ningún otro sitio para iniciar un pedimento de justicia: solicitar una incapacidad, una tutoría, una demanda de índole mercantil, reclamar rentas, plantear una demanda de separación matrimonial, unas medidas urgentes, el reconocimiento del médico forense o la simple compulsa de cualquier documento necesario.

Al juzgado no sólo acudimos para un pleito, como actor, demandado, testigo, perito, etc. También acudimos al Registro Civil para inscribir el nacimiento de un hijo, la celebración del matrimonio, pedir certificaciones, una defunción, una fe de vida y, en fin, para cuantos documentos registrales nos solicita diariamente la burocrática administración publica, y las cuestiones privadas y personales para cualquier asunto que tengamos que iniciar. Hasta para casarnos acudimos al juzgado.

Por el Juzgado, en definitiva, pasamos todos los coineños por un motivo o por otro, es parte importante de nuestro funcionamiento diario como ciudad y, además, han de acudir a él los vecinos de los pueblos de su demarcación judicial. El Juzgado de Coín no es sólo una institución para Coín, lo es también para toda su comarca. El Juzgado de Coín no es solo importante para los profesionales del derecho que en él trabajamos, es fundamental para todos los ciudadanos, para todos nosotros, para Coín y su comarca. Y, por suerte, está en Coín.

La última intervención del Ayuntamiento de Coín sobre el inmueble que es sede del juzgado fue en tiempos del Alcalde Don Salvador González González, hoy, por cierto, reciente compañero letrado. En 1990 se realizaron ciertas obras de envergadura para evitar que el inmueble se desmoronara; se remozó el edificio con más voluntad que acierto y ahí acabó la preocupación de nuestro municipio por él. Desde que el gobierno de don Salvador González mostrara interés por el arreglo y adecentamiento del local, nunca más se ha acordado ni preocupado del Juzgado de Coín ningún otro gobierno municipal.

Los abogados, los procuradores de Coín, los profesionales del derecho en general que venimos ejerciendo en esta jurisdicción, venimos reclamando desde hace muchos años el buen funcionamiento del mismo. Intentamos diariamente que los graves problemas que acusa este juzgado se resuelvan favorablemente en beneficio de nuestros clientes y los intereses que se nos encomiendan. Los abogados entendemos perfectamente que la defensa de los intereses del cliente ha de llevarse a cabo hasta sus últimas consecuencias, y en esa defensa se incluyen, si es preciso, remover o eliminar cualquier obstáculo -dentro de las leyes y el sentido común- que dificulte o imposibilite la defensa efectiva de sus intereses, de los intereses de los ciudadanos que nos encomiendan sus asuntos, de los ciudadanos en general. Es la de los abogados y procuradores, la de la Administración de Justicia, una función social dignamente reconocida que merece por nuestra parte, al menos, esa misma consideración.

No podemos olvidar que están encomendadas a los Colegios de Abogados y Procuradores, la gestión y asignación al ciudadano sin recursos de los profesionales necesarios para la defensa jurídica efectiva de sus derechos e intereses, a través de la designación de abogados y procuradores de oficio en cualquier causa y ante cualquier juzgado o tribunal, así como también la asistencia letrada a detenidos por mandato legal, y en defensa de los derechos constitucionales que a todos nos asisten.

Es por dignidad por tanto, por dignidad profesional de quienes defienden esos intereses y por la dignidad de las personas a las que defendemos, representamos y asesoramos, que el abogado, el profesional, no puede, no debe, permanecer ajeno al mal funcionamiento de la Administración de Justicia, y los profesionales de Coín, en concreto, ajenos al desastroso funcionamiento de este juzgado. No lo hemos estado nunca y así lo hemos denunciado ante quien correspondía cuantas veces ha sido oportuno, como aquí y ahora lo volvemos a hacer. En apoyo de nuestras reivindicaciones, que son las de todos los ciudadanos, y del grave problema provocado por las actuaciones judiciales, se desplazó hasta Coín en prueba de solidaridad la Junta de Gobierno del Colegio de Abogados en pleno, el pasado 29 de marzo de 1996, para celebrar -en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, cedido gentilmente- Junta Extraordinaria que trató este grave problema. Con el tiempo algunas instancias nos darán la razón sobre muchas de estas denuncias, pero las cosas de palacio van despacio.

Muchas son las causas del caótico funcionamiento de este juzgado en los últimos años. Falta injustificable de personal y medios, incapacidad de los jueces titulares y sustitutos para remediar el grave problema, lentitud desesperante, por ello, de los procedimientos judiciales que en él se tramitan, acabando por desteñirse los expedientes en las mesas de quienes tienen que resolver.

Por no tener personal, el Registro Civil, por ejemplo, no abre los viernes y sábados, y durante el resto de la semana sólo de 10 a 12, provocando colas incómodas y retrasos innecesarios en la obtención de cualquier certificación que puede durar semanas o meses, si el inefable Juan Nebro no lo remedia. Esta semana, sin ir mas lejos, han sido suspendidos sine díe los juicios de falta, nunca mejor dicho, por falta de personal administrativo para celebrarlos. Por falta de personal funcionario se han suspendido igualmente, no sabemos hasta cuando, todas las diligencias que han de practicarse fuera del juzgado. Es la actual situación insostenible y kafkiana.

Y entre todas las razones que ocasionan el mal funcionamiento del juzgado, destaca la falta de espacio, de lugar material para trabajar. Cualquiera que haya tenido que acudir al juzgado ha podido comprobar y observar que, si por ejemplo acude a declarar, su manifestación puede estar siendo seguida por personas que nada tienen que ver con ella, pero que no tienen otro sitio donde estar, ni el declarante para declarar en intimidad. Que los legajos se hacinan en lo alto de mesas, sillas, y hasta en el suelo se depositan. El médico forense tiene que pasar revisión en la Sala de Vistas o han de irse hasta Marbella para hacer una autopsia porque aquí no hay medios para realizarla. Los abogados no tenemos, como existe en todos los demás juzgados, lugar alguno donde poder departir privadamente con los clientes, otros compañeros y partes, cualquier incidencia sobre el asunto en cuestión dentro de la sede de éste, por lo que se viene utilizando, a modo de sucedáneo, la acera y el hospitalario cobijo de las ramas de los arboles que nacen de la misma calle Pedro Domínguez. Unos bancos de madera repintados hasta la saciedad durante siglos situados en el zaguán de la casa, casi a la intemperie, es el único asiento donde aguardar sentado las largas horas de espera que muchas veces conlleva acudir a ese lugar. Y hasta el propio Ayuntamiento ha debido habilitar precipitadamente un local para almacenar expedientes ya que, materialmente, no caben en la actual sede, donde, como sabemos, se ubica el Registro Civil, ese registro donde -desde 1871, año de su creación- se encuentran nuestros antecedentes, nuestras raíces, los datos de nuestra historia familiar más remota y cercana y gran parte de nuestra historia como ciudad.

Son muchas, como vemos diariamente, las razones que hacen que seamos ciudadanos de tercera en el derecho constitucional que tenemos para acceder a una justicia rápida, sin dilaciones indebidas, eficaz y efectiva. El juzgado de Coín ha tenido la vergonzosa distinción, en la Memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, de haber sido considerado como uno de los dos que peor funcionan de toda la comunidad.

Quienes acuden de otros lugares a nuestro juzgado, clientes y profesionales, tienen y se llevan una impresión tercermundista de éste y, perdónenme el modo de señalar, somos desgraciadamente un motivo de hazmerreír. Coín se perjudica por ello.

Es normal y lógico, que las dependencias judiciales que se inauguraron hace cincuenta años en el mismo lugar donde hoy siguen estando hayan quedado insuficientes, pequeñas, y bueno es que así haya sido, ello demuestra el desarrollo y engrandecimiento coineño en estos años. Su actividad, la función social que el juzgado desempeña en la vida de nuestra comunidad, ya no puede seguir más tiempo siendo ignorada por quienes corresponde. La casa de dos plantas que hoy, al igual que hace 50 años, alberga el Juzgado de Coín ya no cumple su cometido, se ha quedado pequeña, incomoda, insuficiente, impresentable; ya no es éste representativo de nuestra ciudad, de la cabecera de partido y de comarca que queremos seguir siendo.

Pero si para algunas de estas cuestiones no está la solución en nuestras manos, remediar la del espacio con un lugar digno y acorde con la categoría de Coín para sede judicial sí lo está. Merece que todos prestemos atención a esto, porque podemos remediarlo acertadamente.

Muchas veces se han quejado nuestros representantes en la política municipal -yo mismo he tenido ocasión de comentar con éstos en infinidad de ocasiones esta problemática- la de la inexistencia de un edificio digno que ofrecer al Ministerio de Justicia, donde instalar la sede del juzgado, Registro Civil y quedar preparado éste para poder albergar el segundo juzgado de esta jurisdicción. El problema de la falta de inmueble para ello, excusa que ha permitido ir dando largas cambiadas al asunto, estimo que ha desaparecido ya.

Digo esto, porque hace unos días los concejales del Partido Popular han presentado al Pleno del Ayuntamiento de Coín una moción que no tengo por menos que defender públicamente a pesar de que, Dios sabe y quienes me conocen también, no participo del ideario político de ese grupo, pero creo, desde mi independencia, que es precisamente por ello por lo que debo dejar aquí constancia de mi actitud democrática y abierta siempre, como es ahora reconocer lo que de bueno tiene la misma, lo oportuna que resulta en estos momentos para Coín y el beneficio que a todos puede aportar si se consigue, parta de quien parta.

Esa moción, de la que ha dado cuenta la prensa sureña en los últimos días, propone que se acuerde, por unanimidad de todos los partidos que componen la corporación municipal, el compromiso formal y decidido de ofrecer, hoy ya a raíz de transferencias recientes, a la Consejería de Justicia de la Junta -donde el Partido en el gobierno municipal actual tiene influencias por su condición de aliado en el poder- que la actual sede del Juzgado de Coín se traslade e instale en las dependencias del antiguo Hospital de la Caridad, dado que éstas están vacías al haber sido suprimido, prácticamente, el Centro de Profesores del Guadalhorce que venia ocupándolo y ser ahora sólo un aula la que permanece abierta codependiente del Centro de Marbella.

La triste decisión de la Delegación de Educación y Ciencia de suprimir este Centro de Profesores lo deja vacío de contenido, al igual que el significativo edificio que ocupaba. Por eso, el traslado al antiguo hospital de las dependencias judiciales añadiría, además, algo muy importante, como es la recuperación coherente de un edificio emblemático y singular de nuestra ciudad, nuestro patrimonio y nuestra historia, debiéndose llevar a cabo las tareas y obras necesarias para su remodelación, adaptación y mejora. Como dice esa moción, "lo dignificaríamos, al ofrecer a la ciudadanía un edificio digno, acorde con las necesidades de nuestro pueblo, de nuestra circunscripción judicial". Las delegaciones en Coín de los Ilustres Colegios de Abogados y Procuradores y otras instituciones ya han comunicado al Excelentísimo Ayuntamiento su adhesión y han comenzado a recoger firmas en su apoyo.

No podemos olvidar, y esa proposición nos lo recuerda, que el Juzgado de Coín posibilita que sigamos siendo aún Cabeza de Partido Judicial, única capitalidad que hoy mantenemos, teniendo en cuenta que Coín era centro comarcal a efectos recaudatorios y se lo llevaron a Álora; que Coín era capital del distrito sanitario y se lo llevaron a Cártama; que éramos capital comarcal en la formación pedagógica del profesorado y se la han llevado a Málaga y a Marbella. El riesgo de nuestros actuales gestores políticos de pasar a la historia de Coín como la corporación que permitió estos despojos y carencias es algo que pueden remediar, en parte, apoyando real y eficazmente ahora este proyecto.

La permuta de ambos edificios sería la solución más factible, sensata y oportuna.

Ese imponente edificio, con su espectacular campanario vecino, al que otro día habremos de dedicar mas tiempo en este espacio, según nos cuenta la historia, fue casa cuartel, cárcel y escuela entre otras finalidades y usos a través del tiempo de su existencia, además de hospital que como tal fue inaugurado por última vez el 5 de mayo de 1948 y dotado de las más modernas instalaciones sanitarias del momento. Ese edificio, pertenece al inventario del patrimonio de este Ayuntamiento, y así consta en Acta de fecha 23 de marzo de 1956, en la que se hace constar el acuerdo del Pleno viniendo en posesión civil del inmueble en calidad de dueño, a pesar de los recursos y protestas formuladas por el entonces arcipreste, cura párroco de San Juan y encargado de la Parroquia de San Andrés, don Ramiro Gil Recio en nombre de la Iglesia.

En el frondoso patio que cuida primorosamente María existe otra preciosa fuente de mármol beig con cara soleada de cuya boca mana cristalina y fresca agua, vertiéndola sobre su taza rechoncha y llamativa. Adornada toda con macetas de regusto popular, contribuye a la mejor estética del recinto, que no debe perderse también. Valiosa y linda fuente que debemos conservar para siempre y que ahora puede tener el elogioso cometido de refrescar la garganta a cuantos pisen el nuevo juzgado, o necesiten de sus aguas para aliviar los malos tragos que conlleva todo pleito.

A quien corresponda van dirigidas estas palabras y, en su virtud, solicito de Vuestra Ilustrísima que, teniéndolas por manifestadas, se sirva admitirlas y en atención a las razones que se dicen, tenga a bien iniciar cuantas gestiones sean precisas y necesarias para tan loable y buen fin; quedando aquí constancia expresa de mi adhesión a aquella iniciativa y el ofrecimiento sincero y fehaciente de colaboración en cuanto sea necesario, todo ello por ser de Justicia que, atenta y respetuosamente, pido en Coín, a mediados de octubre de 1997.

José Manuel García Agüera

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OTROSI DIGO: Semanas más tarde a esa fecha fue adoptado por el Pleno municipal de este Excelentísimo Ayuntamiento un acuerdo por el que se ponía a disposición de la administración de Justicia dicho inmueble y solicitar del Gobierno la creación de un segundo juzgado para esta jurisdicción con sede en Coín, habiéndose finalizado el traslado de las dependencias judiciales a su nueva ubicación en enero de 1998.

No obstante, y a pesar de la diligencia y rapidez con que se ha realizado el traslado, no se han realizado para ello ninguna obra de mejora, adaptación y adecentamiento del edificio, siendo una necesidad, debido al estado en que se encuentra, un estudio y proyecto serio y riguroso que acometa su remodelación, adaptación a su nuevo destino, y sirva con ello al objetivo de su plena recuperación para el patrimonio cultural y monumental de nuestra ciudad por la importancia e historia que este emblemático edificio tiene.

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